Es necesario tomar la decisión clave, qué tecnología necesitamos para conseguir el éxito en las acciones que nos hemos propuesto.
Evidentemente, existen tantas respuestas como situaciones puedan darse, y en esto radica el éxito del proyecto. Esto no quiere decir que debamos apostar por una programación a medida, inviable tanto por costes como por tiempo en su desarrollo. Debemos encontrar la necesaria customización de herramientas existentes en el mercado, priorizando programas abiertos que se integren con otras soluciones, con las adaptaciones necesarias para configurar nuestra plataforma de servicios, con una clara orientación al cliente.
El concepto de pago por uso del software, bajo la concepción SAAS (program as a service), convertirá en un coste variable la importante inversión a realizar, a la vez que permitirá el cambio de herramientas que no resulten funcionales.
Cualquier inversión de tecnología deberá ir asociada a un análisis de retorno (ROI), tanto en términos financieros como de mejora en la aportación de valor al cliente.
En atención a la especificidad de los servicios profesionales del abogado, difícilmente podrán faltar una solución tecnológica en la gestión del conocimiento, en el sentido de que no sólo nos permita la gestión de documentos, sino la automatización en la generación de los documentos necesarios en cada fase del proyecto, según los metadatos y taxonomía que hayamos configurado según nuestras necesidades, y que encuentren en la inteligencia artificial un desarrollo exponencial, donde pronto serán herramientas de uso intensivo en los despachos.
Son ya frecuentes los chatbots o asistentes virtuales destinados tanto a labores de clientes como de los profesionales, en la gestión de tareas repetitivas, así como la configuración de worklflows o flujos de trabajos.
Debemos estar igualmente atentos al desarrollo de la tecnología blockchain, como la internet del valor, que tendrán un especial impacto en los servicios legales, en atención a la trazabilidad e inmutabilidad de sus transacciones, además de la desregulación que supone a no requerir una autoridad central.
El secreto profesional de los abogados y el deber de confidencialidad nos exigirá prestar especial atención a medidas de ciberseguridad, de acuerdo con un minucioso análisis de riesgos.